La monarquía española y su pobre defensa actual

Imagen de dominio público. Revista Hispania, portada del nº 57.

Puede que existan algunas máximas a recordar en varios momentos de la vida o que sea posible establecerlas, no estoy del todo seguro. Aun así creo que muchos a lo largo de nuestra existencia cuidamos y reparamos aquello que queremos mantener para que no se rompa, o se termine de romper perdiéndose para siempre su utilidad. Esto políticamente hablando puede traducirse como la necesidad de reformar una institución cuando la cultura política del país ha cambiado. Sí, los valores compartidos de forma más o menos general por la población, la manera de ver la política y las instituciones, no se ha mantenido indemne desde aquel periodo importantísimo conocido como la transición. Sobre la institución monárquica se ha empezado a cuestionar la inviolabilidad del Rey y la poca transparencia de la institución.

Hoy, aunque de forma algo espuria debido al partidismo que la viene a motivar, en medio de una crisis por diversos temas en su seno, un partido que tiene la voluntad de distinguirse de sus socios en el gobierno introduce el tema en un momento ya de por si problemático, debido a la crisis sanitaria y a la polarización que viene agrandándose en este país desde 2006-2008, el debate acerca de la modificación de la jefatura del estado para convertir a España en una república. Esto es importante porque es la primera vez desde que entró en vigor la Constitución que un partido que tiene ministros en el gobierno plantea estas posturas. Esto justifica este post que trata de reflexionar sobre el carácter democrático (o no) de la institución. Lo de la bondad de instar un proceso constituyente amparado en un cambio puntual, que puede ser utilizado como caballo de Troya, y además como cajón de sastre en un momento con pocos consensos acerca de su necesidad, habría que dejarlo para otro post.

Los detractores acérrimos de la monarquía, opositores constitucionales algunos de ellos en palabras de Solozábal al no creer en los consensos que cristalizaron en 1978, aluden a su falta de legitimidad en origen y a lo incongruente, en el marco abstracto, de la existencia en una democracia representativa de una jefatura del estado que no esté sujeta al principio democrático en el acceso a la misma. Vendría a ser una paradoja insalvable que fuera una institución no democrática la que garantizara –junto a otras instituciones- la continuidad del sistema democrático; aunque por otro lado esta idea referida a tener poderes neutrales apartidistas que controlen el buen funcionamiento institucional y el cumplimiento de algunos objetivos se viene extendiendo a nivel europeo sin que nadie levante mucho la voz. Paradojas al fin y al cabo.

En esto los republicanos de todo signo vencen sin problemas porque la monarquía, al menos en el momento del acceso, conculca el principio de igualdad que defiende cualquier Constitución democrática, por lo que puede ser contradictoria establecerla en el mismo texto. Con lo que no estoy tanto de acuerdo es con la idea de que la monarquía es totalmente antidemocrática, tal y como plantean los opositores constitucionales.

En principio, y en esto también tienen razón, la asunción del puesto de la Jefatura del Estado por el Rey emérito Juan Carlos I, en la institucionalidad franquista, no tuvo nada de democrático. Lo propio de su función, a la que juró lealtad, que era defender las leyes fundamentales del reino, era incompatible con una suerte de elecciones o algo por el estilo. A pesar de ello no hay que olvidar la “traición” a los principios del movimiento nacional que protagonizó el Rey junto con otros miembros del régimen, para utilizando la legalidad franquista, destruirla en la práctica, en sus principios. Esto es ineludible. Fuera de cierto mito fundacional del sistema, no solo la traición bien vista por sus fines -traición al sistema, no al pueblo español- sino la acción de la oposición, fueron importantísimas para llevar a cabo una transición exitosa. Lo que ocurre es que en aquel tiempo el Rey sí se constituyó como una figura que simbolizó la unidad y la imposibilidad de regreso a otros tiempos –tal y como demostró el 23 de febrero de 1981-, con lo que ganó mucha popularidad ya que en los primeros años hubiera sido muy complicado que la democracia sobreviviera sin monarquía, y viceversa, la monarquía habría caído si España hubiera continuado siendo una dictadura puesto que el cambio en las condiciones materiales y la necesidad de entenderse con socios vecinos trajo una evolución en la cultura política de los españoles y fue el inicio de la democratización.

Ello fue también la base de las “traiciones” -a sus aparatos y militantes, no a todo el pueblo español- de los partidos republicanos, que percibieron el régimen como un paso intermedio además de que pensaron que podía estar bien devolver la política a su lugar y arrojar luz a un pueblo español que se tuvo que ir acostumbrando a ella, cual recién levantado cuando abre las persianas por la mañana.

En el aspecto constitucional, más jurídico si se quiere decir así, hace siglos que la máxima británica famosa absolutista –mal entendida por algunos en la actualidad- de king can do no wrong, se ha ido desterrando de los ordenamientos jurídicos europeos, que limitan y controlan la actividad del rey constitucional y democrático de tal manera que no ejerce poderes efectivos más allá de lo que pueda representar simbólicamente.

En efecto, echando la vista atrás, en España existieron monarquías muy metidas en política. En el siglo XIX y en el primer tercio del XX fue muy importante la doctrina de la doble confianza en la tramitación y aprobación de leyes. Los reyes nombraban y cesaban presidentes del gobierno igualmente a su arbitrio, en un país marcado sobremanera por el caciquismo electoral. Los sistemas involucraban en el juego partidista a los reyes, lo cual hacía que perdieran el fin primigenio de la institución, que es que esta vele por el bien común si se habla en términos ideales.

Hoy, pese a los ataques menos refinados a la institución, la situación no es de ninguna manera equiparable. De hecho, la experiencia de los reinados de Juan Carlos I y Felipe VI ha sido ejemplar en el sentido de que han sido neutrales en las contiendas políticas partidistas, sin serlo en la defensa de la Constitución con los medios que tienen a su alcance (en 1981 y en 2017).

Con todo, hay más elementos que nos permiten hablar de una monarquía democrática, como es el refrendo de los actos del Rey por parte de instituciones representativas con legitimidad democrática que asumen la responsabilidad por los mismos y que las actuaciones de la monarquía son actos debidos, puesto que el Rey no posee la discrecionalidad que existe por ejemplo en las administraciones públicas.

A la legitimidad en origen, abstracta y conceptual, se termina contraponiendo la finalidad de la institución y cómo se ha desarrollado su actuación -pública, no privada-, con un bajo perfil político y un alto perfil constitucional. Lo dicho quizá parezca una defensa de la monarquía, pero no tiene por qué. 

En los últimos meses, ciertos aspectos como la inviolabilidad del monarca -aún más del emérito- no casan con la “voluntad general”. Y es debido a que no parece congruente a ojos de la sociedad que siendo la monarquía una institución no representativa, que los ciudadanos no renuevan cada cierto tiempo, pueda entenderse la inviolabilidad de quien personifica la institución de forma más amplia que la de los miembros de instituciones representativas, evidentemente más controladas por los ciudadanos, como son el Congreso de los Diputados y el Senado, donde queda circunscrita solamente al ejercicio de sus funciones (la Constitución se refiere a las expresiones y opiniones que viertan), para garantizar que las realicen y la estabilidad de la propia institución.

No veo motivos sistemáticos para no extender esta idea a la monarquía, por el motivo de que en actos privados, obviamente no refrendados, no habría nadie para responder, lo que no se compadece con la finalidad de la inviolabilidad, que no es dar vía libre al delito y con ello a la muerte de la institución, que por su alto personalismo ha de renovar continuamente la confianza del ciudadano a través de su actuación.

Ello se une a que los propios políticos renunciaron a debatir en el momento de la abdicación -que debe aprobarse mediante Ley Orgánica- sobre las causas y sobre cómo iba a ser el estatus del emérito, aparte de la posibilidad de que se suscitara en la discusión una posible reforma constitucional sobre este asunto –la vía de la reforma de este asunto, discutida, queda para otro debate-.

Creo, en definitiva, que sí puede defenderse que la monarquía constitucional cabe dentro de un estado democrático, comprendo a quien lo hace, aunque yo sea proclive a acabar con esta cuestión –imaginen como-, pero en otro momento. Pienso que hoy, su funcionalidad es mucho más testimonial que en los primeros años de vida democrática, puesto que la conditio sine qua non de la estabilidad y continuidad del sistema es el balance entre los poderes del estado y no la posición simbólica de la monarquía, que no es un eje en la realidad.

No le veo mucho sentido hoy a que con una cultura política democrática altamente arraigada sea necesario el mantenimiento de un poder neutral para controlar la concordia entre españoles y la buena relación entre instituciones y niveles territoriales. De hecho, si creyera útil el establecimiento de un poder neutral –si fuera posible-, aunque menos neutral que un rey por su elección democrática, apostaría a que con la legitimidad democrática que provee el voto popular podría enfrentar con más fuerzas el desafío separatista. Si bien sinceramente, se dejaría la neutralidad de la jefatura del estado en manos de la figura que la ocupara. ¿Es necesario un poder neutral aquí? ¿Sería ideal configurar una república con un jefe de estado igual de testimonial?

Conecto con el primer párrafo tras el desarrollo, porque para concluir voy a decir que los principales valedores políticos de la monarquía le hacen flaco favor tratando de blindarla impidiendo que se investiguen en el Congreso de los Diputados algunas actividades del Rey emérito, como si el control de una institución no representativa por una representativa fuera negativo. Por no mencionar que han dejado que se desactualice institucionalmente con el paso de los años. En el caso de que se mejorara la relación entre las instituciones representativas y la corona y matizan la inviolabilidad del Rey –defensa también de la institución monárquica- creo que en España podríamos llegar a ver a la Princesa de Asturias como Reina. No obstante, si esto no ocurre y terminamos viendo a la familia real todos los días en la televisión lo más probable es que se acabe la monarquía en el país. La República es el fin de la discusión, su cierre, al ser la presidencia de la república más democrática y congruente con el sistema, pero a la vez ahora el debate es el enésimo elemento de polarización que entra en juego en la política del espectáculo, negativa a todas luces para configurar instituciones con vocación de permanencia. Quien defienda la República, como yo, debe hacerlo de forma honesta, clara y tiene que promover un diálogo ordenado, informado, lo más desapasionado posible. Mientras esto se trata de lograr, que al menos algunos protejan de verdad la monarquía constitucional. 

Publicado por Miguel López

Graduado en Derecho y en Ciencia Política y de la Administración Pública en la UAM. Actualmente cursando el Máster de Acceso a la Abogacía en la UNED.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: