Josu de Miguel: una mirada a España.

Queríamos pasear por las formas de gobierno, visitar Cataluña y, así, España; recorrer los palacios de la justicia; leer, mientras, la Constitución Española, a Kelsen y a Schmitt. Pararnos a dibujar la democracia representativa, el Estado de Derecho, y a hablar de populismos y nacionalismos. Rememorar en el paseo a Julio César en forma de partido político; buscar “tecnocracia” en el diccionario; abordar el llamado “estado de las autonomías”. Debatir las instituciones, y pensar – ya con la puesta de sol – sobre el futuro de Europa.

Josu de Miguel, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Cantabria, es una de las figuras a seguir en estos tiempos convulsos. Alejado de dogmatismos, sin miedo a las exigencias de lo políticamente correcto y a los peligros de las consignas de fácil difusión, se acerca a la sociedad para entenderla, recapacitarla y aportar, siempre con fundamento, sus reflexiones.

Hace tiempo que derribó su torre de marfil y se sentó a escribir para The Objective y distintos medios de comunicación; pero también lo hace, desde antes, en su blog (diligencias.org) y en twitter. Fue allí, en la plaza pública del siglo XXI, donde le encontramos y le invitamos a pasear. Él, encantado, aceptó.

Esta entrevista es un paseo por España, bajo la atenta y lúcida mirada de Josu de Miguel, una voz imprescindible.

Están todos invitados. Espero que disfruten tanto como lo hicimos nosotros.

Ah, y antes de que se nos olvide. Su último libro, escrito junto al profesor Tajadura, se titula: Kelsen versus Schmitt, política y derecho en la crisis del constitucionalismo. Y tenéis que leerlo.

Gracias de nuevo, Josu.

Periferias.

Imaginemos que Saint Just y Robespierre volviesen a la vida y, con el pertinente PCR negativo, llegasen a España. E imaginemos también que les preocupa enormemente el devenir de nuestro país. Probablemente, respecto al asunto de la monarquía -más concretamente, sobre los hechos presuntamente cometidos por Juan Carlos I- escucharíamos en boca de Saint Just, en una intervención parlamentaria (si les cabe imaginación, añadan esto: han montado un nuevo partido, que ya no quieren llamar “Jacobino”, y ambos son diputados), sus célebres: “¿Qué forma de gobierno vais a establecer si el hacha tiembla en vuestras manos?”, “¿qué hay de común entre Juan Carlos y el pueblo español?”, “no se puede reinar inocentemente”. Acto seguido, y ante el miedo de la bancada Girondina del siglo XXI y el aplauso de algunos, Robespierre cerraría así -permítanme la adaptación- la intervención de ese nuevo partido: “Juan Carlos debe ser condenado para que España (como Estado de Derecho y Democracia) pueda seguir condenando…, pueda vivir (tener legitimidad)”. Josu: ante la situación de deslegitimación y daño institucional a la forma de gobierno -en concreto, la monarquía- que ha provocado la actuación de Juan Carlos I, y ante las dudas que ha arrastrado respecto al funcionamiento del Estado de Derecho y de la democracia, ¿debe Juan Carlos I ser juzgado, a pesar de que (esto parece ya claro) no quepa semejante posibilidad en la legislación vigente, para así salvaguardar la democracia, la monarquía y el Estado de Derecho? ¿Sí, no, y por qué?

Creo que formo parte de un sector doctrinal minoritario que sigue pensando, en atención a la interpretación histórica de la Constitución (lo que quiso el poder constituyente), que Juan Carlos I goza de inviolabilidad absoluta en lo público y en lo privado hasta que se produce la abdicación en 2014. A partir de ese momento, deben ser la Fiscalía y el poder judicial quienes determinen si alguna de las conductas del rey emérito es reprochable penalmente y actuar de acuerdo con el principio de igualdad. A nadie se le escapa que el monarca tiene como una de sus funciones primordiales la de dar ejemplo a la ciudadanía como primer funcionario del Estado. Junto a ella está la de esclarecer y conservar el orden político – constitucional. Por las informaciones conocidas, Juan Carlos I tuvo un comportamiento personal poco o nada ejemplar, que empaña no solo el papel que jugó durante la Transición, sino la tarea de integración de voluntades que realizó hasta finales de la década de los 90.

Este es un asunto poco estudiado, pues los principales análisis se han concentrado en el “rey piloto” del paso de la dictadura a la democracia, soslayando su capacidad para ejercer funciones básicas e integradoras como jefe del Estado: por ejemplo, haciendo de puente entre élites políticas, económicas o culturales o manteniendo un diálogo con nacionalistas vascos y catalanes. La doctrina dijo que el monarca era un símbolo y a partir de ahí se impuso un velo para negar el propio órgano constitucional del Estado. En España el problema de la monarquía no fue primordialmente un asunto de lucha por la soberanía entre el rey y el pueblo, sino de insuficiente teorización de la jefatura del Estado: Italia o Francia fueron a modelos puramente parlamentarios en el siglo XIX a través de mutaciones constitucionales, no digamos ya el Reino Unido.

Este es el principal desafío de Felipe VI, ser consciente de que no es una mera figura decorativa y de que la desatención del órgano constitucional a partir del año 2000 probablemente tenga algo que ver con la crisis democrática que nos acucia. Por ahora creo que su reinado está siendo positivo: no quiero imaginar lo que habrían sido las sucesivas investiduras fallidas con un jefe del Estado republicano y proactivo al estilo italiano …   

Manuel Chaves Nogales -tarde, pero merecidamente reconocido- realizó una serie de entrevistas y escribió varios artículos sobre el problema catalán (así lo llamo, de la forma más neutra posible, para no influenciar la pregunta), que se recogen en el libro titulado: “¿Qué pasa en Cataluña?”. Casi 100 años después, la pregunta sigue siendo pertinente. Josu: ¿qué pasa en Cataluña?

Me ciño a lo que ha pasado en Cataluña los últimos veinte años, pues no soy historiador.

Para empezar, creo que puede decirse que el propio diseño constitucional falló de origen en dar una solución a la integración del nacionalismo vasco y el foralismo navarro y pensar que Cataluña seguiría un camino parecido a las autonomías ordinarias. La Disposición Adicional 1ª de la CE ha dado más juego del esperado: nada tiene de derecho histórico una planta foral completamente novedosa que ha permitido a los nacionalistas seguir en el Estado, pero restando influjo a la Constitución, su verdadera obsesión desde el siglo XIX.

El nacionalismo catalán tiene una relación ambigua con el nacionalismo vasco, pero viaja mucho a Euskadi y Navarra y puede ver los frutos de la DA 1ª y el Concierto económico: gran implantación del poder territorial desde un punto de vista ideológico y una financiación privilegiada que permite pacificar la sociedad y repartir jugosos premios a la lealtad partidista de ciudadanos y empresas. El Estatuto de 2006 (de nueva planta) fue el primer intento de acercarse a ese oasis por parte del nacionalismo catalán, intento que falla porque otras Comunidades Autónomas emulan el movimiento y frustran la posible asimetría que pudieran consentir los poderes centrales. Se ha dicho que el Estatuto de 2006 fue una reacción a la centralización de Aznar, pero el análisis de la jurisprudencia constitucional no me permite afirmar que la legislación básica del Estado fuera especialmente invasiva en ese periodo, sin contar, claro está, con la disposición del Gobierno de Rodríguez Zapatero, desde 2004, a negociar con los nacionalistas no solo el Estatuto, sino las políticas del día a día en las Cortes.  

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 se dobló la apuesta. El procés es un movimiento identitario que busca afianzar en la sociedad catalana el poder nacionalista en términos hegemónicos, al estilo vasco. Para ello se moviliza a la sociedad a través del canon populista, movilización que coincide con la actualidad de las revoluciones árabes y la generalización de políticas constituyentes latinoamericanas importadas por Podemos. Me extraña que la doctrina especializada no vea en el independentismo y en la praxis política nacionalista de los últimos 10 años ningún signo populista, cuando se ha negado la pluralidad interna de Cataluña (un solo pueblo), se ha puesto en marcha una dinámica plebiscitaria (Artur Mas rebautizó las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 como plebiscitarias, lo que no tenía precedentes en Europa desde el periodo de entreguerras) y, sobre todo, se han puesto en cuestión las instituciones contramayoritarias, claves para garantizar los derechos de la minoría en democracia.

El procés comienza con un editorial conjunto contra el Tribunal Constitucional y alcanza su cénit en dos sesiones parlamentarias en las que una mayoría parlamentaria, ejerciendo la soberanía como en el siglo XIX, pasa por encima de los derechos más básicos de la minoría. No fue, por tanto, ni una manifestación ni una ensoñación: ha sido y sigue siendo un movimiento populista, con tintes religiosos, que busca consolidar los intereses nacionalistas en Cataluña y producir efectos de “norma perversa”, es decir, un cambio de legitimidad nacional a gran escala.

Parte de la sociedad catalana sufre un encantamiento como consecuencia de la exposición emocional a la que le someten los medios de comunicación y su clase política. Sinceramente, no sé qué solución puede tener este asunto.   

Estamos asistiendo a una situación, llamémoslo así, jurídicamente confusa. Pero no me quiero centrar en el análisis concreto de estos últimos meses (que, queridos lectores, podéis leer en la maravillosa entrevista que le hicimos aquí, en Periferias, al profesor Doménech). Lo que quiero es formularte la siguiente pregunta: ¿hay jueces en España (Berlín)? Es decir, – para quien no conozca el cuento, ni el libro de Esteve Pardo, que recomiendo – ¿hay, hoy en España, un control judicial efectivo del poder? ¿Qué opinas de la inacción, en algunos asuntos, del Tribunal Constitucional (“TC”); o de ciertas medidas que limitan la vía judicial? Y, de esa inacción del TC, ¿qué diría Kelsen?

Hoy en día el Estado de Derecho está en parte en suspenso en España. Se ha decretado un estado de alarma de seis meses, precisamente, para que los poderes públicos no vean sus decisiones reglamentarias y administrativas de limitación de libertad recurridas ante la jurisdicción ordinaria. El Congreso y los parlamentos autonómicos no ejercen tampoco ningún control político, algo que no es querido por el art. 116 CE. Este estado de alarma, en mi opinión, no tiene encaje constitucional. Hay un riesgo evidente, me parece, de convertir en normal lo que es excepcional, lo que en términos democráticos y de Estado de Derecho es muy preocupante.

Si pudiéramos abstraernos del coronavirus y el estado de alarma, diría que nos encontramos ante una situación paradójica: buena parte de la clase política y de los medios de comunicación dicen que en España se “judicializa la política”. Un Estado constitucional encuentra su sentido lógico en el control jurídico del poder: por ello, desde hace décadas, se viene diciendo que la implantación de un “Estado judicial” es una revolución que pone en cuestión el principio democrático y el pluralismo residenciado en los parlamentos. En Estados Unidos hay toda una corriente populista, pero no en el sentido peyorativo, que viene discutiendo el papel del Tribunal Supremo en la política desde prácticamente hace un siglo. Ya Tocqueville dijo que en Norteamérica no había un problema político que no terminara siendo un problema jurídico, lo que llevó a Arendt a decir que con la Constitución de 1787 se acababa la política y empezaba el reino del derecho.

La posición de los Tribunales Constitucionales en Europa está menos discutida, porque se ven como piezas clave de un modelo democrático que reacciona frente a los totalitarismos. La historia es muy importante a la hora de diseñar y comprender modelos institucionales. Sea como fuere, hoy la reforma constitucional está en decadencia y la tensión entre poder constituyente y poderes constituidos se resuelve mediante la interpretación. Ahí, en ese juego interpretativo, tienen mucha importancia los tribunales en general y el Tribunal Constitucional en particular.

En España, al margen de los nacionalistas, casi nadie cuestiona la legitimidad del Tribunal Constitucional, lo que no quiere decir que no esté pasando por graves problemas de auctoritas frente al resto de instituciones y la comunidad jurídica. Más allá de problemas de funcionamiento u organizativos, de diseño, si se quiere, bastaría con que los partidos dejaran a un lado la política de cuotas y eligieran magistrados con gran prestigio, conocimiento técnico y autoridad moral, para que el Tribunal cumpliera con su importantísimo e imprescindible cometido. 

Ya que hemos nombrado a uno de sus dos protagonistas, hablemos de tu libro (escrito junto al profesor Tajadura). “Kelsen versus Schmitt. Política y derecho en la crisis del constitucionalismo”. Pero no hablemos de temas en concreto del libro (para eso, lectores, lo tenéis que leer, y os recomiendo hacerlo). Hablemos del porqué del libro. ¿Por qué es tan actual? ¿Qué puede aportar ese “enfrentamiento intelectual” a la actualidad? O, más bien, ¿por qué es tan necesario revivirlo?

Gracias por la recomendación del libro.

El libro se planteó casi lúdicamente. Javier Tajadura fue mi director de tesis, aunque apenas tiene cinco años más que yo. Estamos muy vinculados generacional e intelectualmente desde que nos conocimos hace 20 años. A ambos nos gusta estar en la esfera pública y nos apasiona la historia de las ideas. El libro se concibió como una especie de pasatiempo para volver a la Teoría de la Constitución a través de las ideas políticas. También como una obra mundana, que pudieran leer estudiantes y cierto público especializado. Al final salió un poco más doctrinal de lo que pretendíamos, pero gracias al buen hacer del editor, Guillermo Escolar, las redes sociales y la buena acogida de los lectores, se puede decir que ha sido un pequeño gran éxito teniendo en cuenta que nos movemos en el ámbito universitario. Para mí en particular, Kelsen versus Schmitt fue como la tesis que siempre me habría gustado hacer pero que claro, por falta de preparación y lecturas, no podría haber acabo en cuatro años nada más acabar la licenciatura.

Nos preguntan mucho sobre la actualidad del libro. Weimar es un periodo de experimentación política, filosófica, cultural y jurídica fascinante. No creo que con posterioridad las teorías generales allí elaboradas hayan sido superadas. Conocer ese periodo histórico es necesario, más cuando se cumplía el centenario de la República fundada en 1919. Ahora bien, no creo que ni Kelsen, ni Schmitt -ni ninguno de los grandes autores de la época- puedan resolver los problemas a los que se enfrenta el constitucionalismo en la actualidad. Sus enseñanzas funcionan más bien en negativo, es decir, como aviso para los corsarios de la cosa pública y los protagonistas de la vida intelectual que quieren hacer aventurismo político.

También como memoria precisa de las aberraciones a las que puede llevar la consideración y el ejercicio irrestricto de la soberanía.  

Siguiendo con el tema anterior, hagamos un juego. España va a afrontar una reforma constitucional, y para ello ha designado, por unanimidad en el congreso, a Josu de Miguel (¡enhorabuena, Josu!) como padre de la nueva constitución. El presidente, en el acto de designación, te ha dicho: “Querido Josu: debe usted nombrar un asesor. Aquí le propongo a dos candidatos: Hans Kelsen, un joven nacido en Praga que está en la UAM realizando el doctorado, y Carl Schmitt, un joven alemán que está haciendo su doctorado en la Universidad de Valencia. (Si hemos revivido a Robespierre, por qué no a estos dos enormes juristas). Josu: ¿a quién eliges, y por qué? ¿Cuál sería la primera reforma que llevaríais a cabo?

Bueno, la idea de un padre de la Constitución no me subyuga demasiado. Agradezco el halago, pero mi impresión es que las mejores Constituciones son aquellas que hacen los políticos, no los técnicos. Las Constituciones fruto de la pura racionalidad y abstracción casi siempre suelen fracasar, por lo que a mí lo más razonable me parece que una asamblea constituyente discuta, apruebe y pida la posterior ratificación popular del proyecto pactado por los representantes. El modelo de la Transición me sigue pareciendo, desde este punto de vista, un éxito no solo en cuanto al fruto constitucional (40 años de relativa estabilidad política), sino en lo relacionado con la integración de intereses diversos: sociales, económicos, culturales, territoriales … no me cuesta reconocer, igualmente, que la propia Constitución fue la consecuencia de cambios profundos que se habían venido produciendo en la sociedad española desde hacía décadas. La Norma Fundamental, decía Heller, ha de reconocer la normalidad política de una sociedad y eso no se logra con construcciones técnicamente puras ni con mecanismos participativos que a la postre impiden compromisos y negociaciones parlamentarias.

En cuanto a Kelsen y Schmitt, considero que, seguramente, si ambos fueran preguntados al final de sus vidas sobre su participación en la elaboración de la Constitución de Austria en 1920 y en las maniobras para tratar salvar la República de Weimar en 1932, ambos mostrarían amplias reservas. En cualquier caso, no podría quedarme con ninguno de los dos autores: Kelsen es un erizo intelectual que, pese a la acusación injusta de relativista y formalista, realiza el homenaje a la libertad política más bello del siglo XX en forma de libro: Esencia y valor de la democracia. Siguiendo la terminología de Isaiah Berlin, Schmitt sería un zorro que se presenta por el contrario como el jurista del poder, preocupado por cómo se precipita el derecho a través del Estado. Es inevitable que chocaran y que plantearan toda su obra como un combate indirecto: democracia constitucional y poder son dinámicas que van a menudo en direcciones opuestas.    

Hay un texto de Unamuno que dice así: ¿Qué es España? ¿Cuál es su fe? España es un valor comunal histórico pero dialéctico, dinámico, con contradicciones íntimas. Lo que los hotros llaman la anti-España, la liberal, es tan España como la que combaten los hunos. Y me lleva (adaptándolo, no mucho, a la actualidad) a pensar en Vox y en Podemos, en Cataluña, País Vasco… Mi pregunta es la de Unamuno: Josu, ¿qué es España?

España es una nación porque así lo dice la Constitución y porque tiene un Estado. Desde 1812 la relación entre nación, Constitución y Estado es estable, constante y muy anterior a la experiencia de otros países europeos. A mis paisanos, amigos y familiares nacionalistas les digo con cariño siempre lo mismo: Euskadi no es una nación. Si lo fuera, más allá de la apreciación subjetiva, hace tiempo que tendría un Estado propio. Es una nacionalidad histórica porque así lo disponen el Estatuto y la propia Constitución, pero no una nación en sentido político pleno.

Dicho esto, desde hace 20 años vivimos una fuerte deconstrucción nacional en España y no hay que descartar que, dentro de unas décadas, se disuelva en una miríada de naciones como consecuencia del ejercicio del derecho de autodeterminación y secesión. Hay un libro de Helena Béjar en el que a través de entrevistas analiza los discursos de los militantes de los partidos en torno a la nación española: es un ejercicio muy interesante, a mediados de la década de 2000, porque casi todo el espectro, de izquierda a derecha, tiene esa visión doliente de la propia patria, en la línea expuesta por Álvarez Junco.

En particular, la izquierda mantiene una posición fuertemente mediada por la Guerra Civil y el franquismo, identificando el nacionalismo y los símbolos comunes con la derecha autoritaria. Es paradójico porque sin nación no puede haber demasiada distribución. Claro, a partir de ahí muchos se escandalizan por la entente entre la socialdemocracia y quienes aspiran a romper el país para repartírselo. Sin embargo, a mí no me sorprende demasiado, porque cuando oigo hablar a la izquierda española en seguida me doy cuenta de que ha sido educada democráticamente por los nacionalismos periféricos en los últimos 20 años.  

Volvemos a Kelsen a raíz de la anterior pregunta. ¿Es para España la democracia representativa el mejor sistema? ¿Qué reformas, o mejoras, necesitaría? Y, ¿quiénes son sus mayores “enemigos”?

No veo alternativa plausible a la monarquía parlamentaria en España ni a la democracia representativa como forma de gobierno a escala global y comparada. En cualquier caso, el debate sobre la monarquía o república esconde, quizá, una preferencia por un sistema presidencialista que requiere una cultura política específica y unos contrapesos institucionales de los que carecemos.

He participado en algunos proyectos de regeneración democrática. En ellos trabajamos cambios en el sistema electoral, en la democracia interna y en el mayor control de la financiación de los partidos, en la mejora de la transparencia, en la reconstrucción de las autoridades independientes, en la eliminación de cuotas en la elección de órganos constitucionales … hoy este tipo de propuestas quizá carezcan de sentido.

Necesitamos, antes que nada, cumplir la Constitución. Si la Constitución se acciona con lealtad y compromiso a su espíritu organizativo, es bastante probable que la democracia se regenere por sí misma en ciertos aspectos. Otros problemas menos específicos, como los procesos de simulación técnica que presionan los sistemas políticos, no tendrán arreglo hasta que no aprendamos a vivir con las redes sociales, controlar el algoritmo como sistema de toma de decisiones o proteger los datos de los ciudadanos.  

No me gusta mucho utilizar la palabra “enemigos”. Diría que en España hay partidos que, alejados de la tradición liberal y democrática, pretenden superar la Transición y el consenso constitucional. El derribo del “régimen del 78” no es ningún misterio y ha estado en los programas electorales. El problema es que, como ocurrió en otoño de 2017 en Cataluña, tales partidos quieran desplazar el sistema político por la vía revolucionaria (dos repúblicas por el precio de una), generalizando la praxis decisionista y aprovechando la crisis social, económica y ahora pandémica.

Como eso no va a ocurrir a corto o medio plazo, el que tenga números que vaya al art. 168 CE y lo ponga en marcha. Como en cualquier otra democracia avanzada, la reforma constitucional es el procedimiento legítimo para alterar sustancialmente las bases del régimen político y pasar, por ejemplo, de una monarquía a una república o disolver el sujeto nacional. Es algo que no me gustaría que pasase, pero si una comunidad política se empeña en derribar sus compromisos civilizatorios, poco se puede hacer, como enseñó Kelsen en 1932.      

En los últimos meses, en Francia, Macron está haciendo de estandarte de la defensa de los ideales republicanos, promoviendo normas para luchar contra lo que han denominado “separatismo” -en realidad, islamismo- y también contra asociaciones de militantes en contra de la expansión del Islam en su país, y de la llamada extrema-derecha. Utiliza una retórica propia de la creencia en la bondad de la existencia de una democracia militante; por ello, y teniendo en cuenta eso de que “cuando ves las barbas a tu vecino cortar…”, te preguntamos, democracia militante: ¿sí, no, y por qué?

No existe una definición única de democracia militante. Hoy en día tenemos tres experiencias históricas más o menos contrastadas: la que libró Alemania contra los extremismos nazi y comunista, el republicanismo negativo italiano y, por último, un tercer modelo cívico – moral que ha ido emergiendo a partir del año 2000, cuando el terrorismo y nuevos fenómenos religiosos y populistas han tomado el testigo de las grandes luchas ideológicas del siglo XX.

Creo que este modelo, que en parte tiene reconocimiento en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la identidad constitucional de la Unión Europea, es probablemente el más exitoso y el que al fin y a la postre se terminará imponiendo en todas las democracias continentales. En esta perspectiva la democracia aparece como un valor dúctil y compartido que hay que proteger y conservar para las generaciones futuras. Se trataría no de sacar de la legalidad a partidos o identificar políticamente a enemigos, sino de ir previendo mediante la educación y la actuación penal subsidiaria, posibles comportamientos extremistas que comprometan la cultura política y la estabilidad democrática de las sociedades.

No conozco la propuesta de Macron, pero soy partidario de sacar el concepto de militancia del vocabulario democrático -se asocia con la intolerancia política y la época de los extremos que describía Hobsbawm- y de ir incorporando otras nociones como la neutralidad institucional, destinadas a garantizar el pluralismo de forma menos invasiva para los derechos de participación. Como Kirshner, pienso que la democracia militante en sentido fuerte debe de ser una estrategia de último recurso y no preventiva.   

Hay una pregunta de difícil respuesta y absoluta actualidad: ¿cómo se combate, o cómo se debe combatir, el nacionalismo?

El nacionalismo sigue siendo la revolución ideológica con más éxito de los dos últimos siglos, combatirlo me parece un error si se hace en términos de erradicación, tal y como ocurrió con la religión en otras etapas de la historia.

La Constitución hizo una propuesta novedosa e inteligente (tomo el argumento de Weiler para la Unión Europea): España debe ser una nación civilizatoria de ciudadanos que compense las emociones de los nacionalismos y regionalismos reconocidos en el art. 2 CE (el eros, por decirlo con la famosa terminología de Marcuse). Ello no implica incorporar el derecho de secesión ni tampoco nociones fuertes de federalismo asimétrico, lo que me parecería por un lado un oxímoron constitucional y, por otro, un punto de no retorno hacia la confederación, pero sí encontrar fórmulas de compensación del pluralismo territorial. Ahora bien, si España es plurinacional, como muchas veces se repite, yo aspiro a que Euskadi también reconozca en su interior la pluralidad identitaria. Sin embargo, las propuestas de plurinacionalidad que he conocido hasta ahora siempre han ido en la misma dirección: se puede ser español de muchas maneras, pero vasco y catalán de una sola. No me parece un planteamiento del debate honesto.  

El profesor Carlos Fernández, en una ponencia de las jornadas tituladas “División de Poderes en el Estado de partidos” organizadas por el CEPP UNED[1], exponía que recientes dinámicas en la participación política interna de los partidos -como las primarias-, los hacen más vulnerables a liderazgos descontrolados y al silenciamiento del disenso interno -purgas-. ¿Qué opinas tú sobre esa relación? ¿Cómo crees que afecta la presencia de Césares en la forma de hacer política de los partidos?

En el derecho constitucional pusimos muchas esperanzas en las primarias para regenerar los partidos. Alfonso Guerra advirtió, sin necesidad de doctorado, que ese sistema es propio de modelos donde los partidos no existen fuera de las campañas electorales: véase el caso de Estados Unidos.

Las primarias llegaron como una profundización de la democracia interna, exigencia constitucional, y solo han servido para laminar la pluralidad de las organizaciones políticas. Ganan los que mejor campaña hacen en redes sociales y los que promueven una visión más radical de la política. ¿Césares? Es normal. Como muestra Rosanvallon, en épocas de crisis las tendencias plebiscitarias y los liderazgos carismáticos son inevitables.

Hoy en España los partidos son agencias de colocación –cuando no meros asuntos de familia- y, lamentablemente, no están cumpliendo con la función constitucional de articular la voluntad del Estado: como decía Mair, estamos ante carcasas vacías sin apenas militancia y tendencias autocráticas. Ante esta deriva, no extraña que emerjan “gobiernos técnicos” que pretendan sustituir a políticos que antes se formaban en las escuelas de cuadros de los partidos tradicionales.

Ignacio Molina ha escrito recientemente un artículo en Agenda Pública, sobre el posible surgimiento de “un nuevo populismo de centro”, que ha provocado (en twitter, cómo no) pasiones y polémicas. Y, unos días después, Mario Draghi fue propuesto presidente de Italia. Tres preguntas: (i) ¿qué opinión te merece la tecnocracia? (ii) ¿qué opinas de esa idea de “populismo de centro”? (iii) ¿puede generar confusión existiendo ya el concepto de tecnocracia?

No soy experto en populismos. Ahora bien, de la misma forma que Loewenstein pensaba que el fascismo, dada su diversidad ideológica, era una técnica emocional de toma del poder, veo los populismos más como una estética política que como un compendio de ideas homogéneas. Esa estética, llevada a la práctica, pone en cuestión de la pluralidad de la sociedad, rechaza los órganos contramayoritarias y prefiere las dinámicas plebiscitarias (liderazgos fuertes y referéndums). El combate contra la tecnocracia es muy antiguo: desde hace 80 años se ve la presencia de los técnicos en la política como un signo de corporativismo en la que el mercado trata de sustituir a los representantes democráticamente elegidos. En cierta forma, el “populismo de centro” es como la parábola del vino viejo en nuevos odres. 

Más interesante me parece el debate sobre la presencia de la ciencia en la política. En esta cuestión recomiendo los trabajos de José Esteve Pardo, que antes aludíais a tenor del famoso cuento de los jueces en Berlín. Desde que vivimos en la sociedad del riesgo ha quedado claro la fascinación que el poder y el derecho tienen por la ciencia: pero la política, lo jurídico, no pueden aplicar siempre la certeza del científico en sus decisiones, porque siempre hay presente un relato y una colisión de intereses que dirimir como consecuencia de la lógica del pluralismo.

Creo que durante la pandemia ha quedado claro que en España tenemos un problema de institucionalización de la ciencia, pues el ministerio de sanidad y las consejerías autonómicas se han parapetado en “los expertos” para tomar decisiones de contenido político. Se abrió la movilidad en Navidad sabiendo que ello produciría una tercera ola de contagiados y ahora se culpa a los ciudadanos por falta de responsabilidad individual.

Pero este es un debate que tenemos que abordar: ¿quién decide? ¿qué papel tienen los expertos en la decisión? ¿cuánta transparencia se necesita? ¿es importante tener buenas autoridades que ofrezcan calidad científica a las decisiones? España tiene que afrontar el diseño del Estado desde la perspectiva del riesgo y las externalidades de la modernidad tardía.    

Ya que hemos nombrado a Draghi, hablemos de Europa; más concretamente, de “el gobierno de la economía en la Europa multinivel”, tema que trataste en una ponencia fantástica  (https://www.youtube.com/watch?v=godRaIvU2cY). En dicha conferencia hablaste, entre otras muchas cosas, de la menor capacidad de la política para controlar el mercado y del crecimiento de instituciones contramayoritarias (aquí vuelven los fantasmas de la tecnocracia y del populismo). Te quería preguntar, seis años después (de la ponencia): ¿qué valoración haces de ese “gobierno de la economía de Europa” (con esto me refiero en concreto -sé que es una aproximación incompleta- al incremento de poderes asignados a la Unión Europea (“UE”) que lleva a que controle las reglas del juego de la economía en Europa), y qué mejoras crees que son imprescindibles? Y, otra pregunta: ¿qué valoración haces de la idea que subyace en la frase de Rajoy nombrada en tu artículo, que dice: “no he cumplido mi programa, pero he cumplido con mi deber”?

Hace tiempo que no trato temas económico – constitucionales. La razón es que con posterioridad cuestioné mi propia competencia en la materia: no soy economista y, metodológicamente, creo que la teoría de la Constitución económica no tiene fundamentos teóricos y técnicos solventes, más allá de la tradicional adscripción keynesiana de muchos de nosotros (no todos, obviamente).  

La frase de Rajoy “no he cumplido mi programa, pero he cumplido con mi deber” expresa bien, creo yo, la idea que yo quería trasladar con el libro de 2011: Europa es una forma política inacabada que empuja a la indeterminación institucional. Se van absorbiendo competencias en materia socioeconómica –muchas veces de manera informal- que van mutando las Constituciones nacionales y despojando a los ejecutivos de los instrumentos tradicionales para manejar la economía. Aquí se plantean dos problemas. El primero, técnico: la economía puede ser gobernada y no dejada al albor de una densa estructura normativa que se asemeja a la utopía del gobierno de las cosas neoliberal y comunista. El segundo, democrático: ¿quién es el responsable final de las decisiones si uno se atiene simplemente a cumplir de manera neutra con unos niveles numéricos en el ámbito del déficit y la deuda? 

Por lo tanto, lo que quería mostrar era la necesidad de que, si esas competencias económicas se iban desplazando a la Unión, fuera la propia Unión, como un Estado federal, la que ejerciera todas las manifestaciones del gobierno económico, en particular las relacionadas con la redistribución. Se ha dado un paso de gigante con la mutualización de deuda, pero por la falta de homogeneidad cultural, pienso que estamos lejos aún de mecanismos de redistribución sólidos a nivel europeo.

En cualquier caso, con la pandemia, es obvio que han saltado por los aires todos los paradigmas económicos de estabilidad sobre los que cabalgaba la Unión. Desde este punto de vista, el futuro aparece muy abierto e impredecible.       

Siguiendo con el hilo de la pregunta anterior: ¿la actual UE, en varias de sus dinámicas, puede afectar a que en los estados miembros tengamos buenos estados de derecho -al menos que cumplan con las características clásicas- (como posible ejemplo, su pronunciamiento al respecto de la propuesta del gobierno español de reforma del Consejo General Poder Judicial)?

Con el paso de los años, mi percepción sobre la Unión también ha cambiado. En gran medida, he abandonado el perfil críticamente pueril de mi juventud.

La Unión es un experimento de constitucionalismo compensatorio. Su objetivo, a la larga, podría ser convertirse en un Estado, aunque me parece que la propia historia continental, atravesada por las divisiones y el nacionalismo, juega en contra de esta opción.

Por el contrario, cabría considerar el proceso de integración como una oportunidad para modernizar el Estado. Los padres fundadores y los que con posterioridad han ido reconstruyendo las Comunidades hasta llegar a la Unión, vieron claramente lo que decía Diez del Corral: Europa iba a ser tecnológica y económicamente raptada por el mundo que le circundaba. La riqueza global no es inacabable y en el nuevo juego de poderes con Asia y los Estados de carácter continental (China, Brasil, la India), es necesario adaptar y reformular los sistemas socioeconómicos de los Estados europeos. Esta era un poco la tesis de Alan Milward.  

Entonces, la Unión ofrece unos principios, una dimensión reformadora de las estructuras administrativas, un concepto de democracia consensual, una articulación del Estado de Derecho compartida … y los Estados miembros tienen la oportunidad de hacer propio ese ofrecimiento para regenerar sus estructuras internas. Me habláis del CGPJ: en su informe sobre la situación del Estado de Derecho, la Comisión advierte de que la captura de los órganos de gobierno de la justicia -o los reguladores- no solo es contraria a la letra de los Tratados, sino a una cultura política que favorece por ejemplo la inversión económica.

España sigue siendo uno de los países que peor está en el ranking del cumplimiento del derecho comunitario, cuando el éxito de la Transición a la democracia, dependió no solo del apoyo moral y político de las Comunidades, sino de ingentes fondos que tras la unificación alemana regó de subvenciones el campo español y los sectores más golpeados por la desindustrialización. El europeísmo es algo más que declararse europeísta en una encuesta.   

Para terminar: ¿existe un problema real, como señala el profesor Muñoz Machado, con la descentralización (su mala regulación) -el llamado “Estado de las autonomías”-, o, simplemente, ¿es una consecuencia (la creencia de que existe ese problema) debida a los nacionalismos periféricos? Y, relacionado con lo anterior, ¿eres partidario de centralizar alguna competencia (educación, por ejemplo)?

El Estado autonómico necesita más articulación institucional y menos identidad, como apunta Solozábal: mejorar la cooperación, la financiación y la claridad del reparto de competencias y redimensionar el sistema institucional. En Alemania se pasaron la década de 2000 discutiendo y deliberando la reforma constitucional de su federalismo. Hay que acompasar, en primer lugar, nuestra descentralización a la realidad constitucional europea: Europa decide, el Estado desarrolla, las Comunidades Autónomas ejecutan. Me sorprende que la europeización no esté en la agenda de los cambios del Estado autonómico, cuando es uno de los elementos que más distorsiona la relación entre centro y periferia en términos de distribución de poder.

Después hay que ir a las Cortes y discutir cuáles son los objetivos y los medios que se proponen para la reforma. Los expertos pueden aquí jugar un papel a la hora de considerar qué competencias deben tener las Comunidades y cuáles el Estado. Pero al final tendrá que haber una decisión política sobre si mantener el federalismo de ejecución y cooperativo o ir a uno más dual y competitivo. Mi preferencia es vincular más la financiación al proceso democrático. Si los políticos autonómicos quieren hacer determinadas políticas, deben pedir el dinero a sus ciudadanos. Si no desean ejercer la autonomía fiscal, porque siempre es antipático poner impuestos, deben devolver las competencias al Estado, para que haya una conexión entre el ejercicio del poder y la responsabilidad democrática.

Por supuesto, todo este debate está atravesado por el problema nacional. Los nacionalistas vascos y catalanes nunca negociarán ninguna reforma constitucional del Estado autonómico si no es para avanzar hacia la confederación o reconocer el derecho de secesión. Y en este momento tienen la llave de la gobernabilidad. En Canadá tienen claro que los asuntos de la soberanía y el federalismo no pueden vincularse: ello llevaría, obviamente, a discutir algo parecido a la política de claridad, paradigma que no sé si estamos dispuestos a admitir con todas sus consecuencias.

En definitiva, estamos en buena medida ante un callejón sin salida y dependemos de algo que reivindicaba Tomás y Valiente cuando trataba de confrontar España y el proceso de integración europea en términos de valores: la resistencia constitucional como último recurso frente al nacionalpopulismo y otros procesos que parecen conducir a la decadencia política. Mientras resistimos, ridurre ai principii, como recomendaba Maquiavelo.  

Gracias otra vez, profesor.

Y gracias a todos por leer.

Nos vemos pronto.

   


[1] https://canal.uned.es/video/5fb78f06b609234d0125a69a

3 comentarios sobre “Josu de Miguel: una mirada a España.

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