Perfecto Andrés Ibáñez: una voz imprescindible.

Fuente: Beatriz Sánchez Mariscal http://www.derechoconstitucionaltoledo.com

Una charla sobre el poder judicial.

El juez Perfecto. La viva imagen de lo que debe ser un juez, por muchas razones; pero, sobre todo, por su enorme compromiso con su (¡tan trascendente!) función y con la sociedad.

Porque las personas también construyen, defendiéndolo, mejorándolo, el Estado de Derecho. No tengo ninguna duda. Perfecto es un claro ejemplo.

Magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (la sala de lo penal), también es autor de una innumerable obra doctrinal, entre la que cabe destacar su libro “Tercero en discordia. Jurisdicción y Juez del Estado Constitucional.”, y sus traducciones de -y acercamiento a- las obras de Piero Calamandrei y Luigi Ferrajoli, entre otros. Y, por supuesto, de una extensísima y brillante creación jurisprudencial.

Le leí en la carrera –y lo hago ahora-, he seguido sus sentencias y artículos, y siempre he buscado su opinión sobre los distintos temas que han ido surgiendo, y siguen surgiendo, en los apasionantes mundos del derecho penal y de la jurisdicción. Porque, para mí, como para tantos otros, Perfecto Andrés Ibáñez es una voz imprescindible.

Hoy he podido entrevistarle. Y hemos hablado del poder judicial y su independencia, de Calamandrei, de la reforma del CGPJ, del ministerio fiscal, de la libertad de expresión de los jueces, de la sentencia del Procés…, y, también, de nuestra compartida admiración por Italia y sus autores.

Muchas gracias, Perfecto. Por la entrevista y por tu trayectoria.

¡Espero que disfruten leyéndole y que, a partir de hoy, no dejen nunca de hacerlo!

Calamandrei dijo que los siglos han pasado, las técnicas y los códigos se han perfeccionado, pero los angustiosos problemas morales abordados por Beccaria siguen vigentes. ¿Compartes, muchos años después, la opinión de Calamandrei? ¿Cuáles de los problemas (descarto el apelativo de morales) abordados por Beccaria -que entiendas vigentes en la actualidad- son los que más te preocupan?

La respuesta a pregunta tan compleja desborda los límites de una entrevista como esta y seguramente también mi capacidad de análisis. Por eso ensayaré una especie de aproximación a alguna cuestión de fondo. Creo que Calamandrei y, por tanto, también Beccaria, siguen teniendo razón. De hecho, he escrito que De los delitos y de las penas es un libro “militante”, que sigue militando después de más de 250 años de su aparición. Porque en el fondo y en las formas de proyección del sistema penal, tenemos lo que corresponde a una sociedad profundamente desigual en el orden socioeconómico y cuyas instituciones, en el político, están penetradas, con la misma profundidad, por la lógica de unos actores —estos partidos (los de poder, en particular)— que han demostrado necesitar de la infralegalidad e incluso de la ilegalidad penal para mantenerse y reproducirse en sus constantes, y que no soportan su propio derecho. Esto hace que también el sistema penal sea tremendamente desigual en sus efectos. Que adolezca de un frecuente uso del derecho punitivo como única ratio en respuesta a problemas sociales que no puede resolver sino solo maltratar, y en relación con los cuales tiene una incidencia multiplicadora e intensificadora de sus peores efectos. De este modo, mientras se proyecta con particular incisividad sobre los sectores de población más desfavorecidos, es lento y poco eficaz en su reacción frente a las desviaciones de los sujetos públicos y de los grandes agentes económicos. Por otra parte, las instituciones judiciales están lastradas por múltiples disfunciones en todos sus planos. Algo seguramente no casual, si se piensa en que una parte sensible de la delincuencia de mayor gravedad tiene su origen en los mismos estratos institucionales, que son precisamente aquellos de los que debería partir la iniciativa de las reformas necesarias.

¿Es, en España, el poder judicial independiente? ¿Qué es para ti la independencia judicial? Y ¿cuál es el papel de la justicia en una democracia?

En nuestro país un juez puede ser tan independiente como esté dispuesto a serlo. Eso sí, si su independencia le lleva (como ocurrirá fácilmente) a dictar resoluciones políticamente incómodas, carecerá del amparo del Consejo, paradójico órgano constitucional de garantía y, con toda probabilidad, tendrá dificultades de promoción cuando opte a algún cargo discrecional. Así, el juez, individualmente considerado, puede ser independiente, pero la jurisdicción, en una perspectiva macro, tiene un serio problema ya que el CGPJ no encarna ni promueve los valores constitucionales que debiera, en particular, el de independencia. Por eso, a mi juicio, es una institución fallida. Sobre el papel de la jurisdicción en una democracia, diré que es absolutamente esencial, porque no hay democracia constitucional sin ciudadanos con sus derechos fundamentales efectivamente garantizados. Y no puede haber derechos fundamentales garantizados sin una instancia jurisdiccional de garantía independiente.

Al hilo de la anterior pregunta, has dicho que el CGPJ es una institución fallida, un desastre. ¿Por qué?, ¿qué cambio/reforma propones? Y, ya que hemos abordado el tema, ¿qué opinión te merece la última propuesta del actual gobierno para reformarlo?

El modelo original de Consejo, inaugurado en Italia, es producto de un buen ejercicio de “ingeniería constitucional”. Aunque ahora no pase por su mejor momento, allí ha funcionado durante un largo periodo de forma muy satisfactoria, llegando a ser una institución prestigiada entre los profesionales y en la opinión, que prestó un apoyo importante al ejercicio independiente de la jurisdicción en momentos dificilísimos (de los que hablan con elocuencia los 26 asesinatos de jueces registrados en un cuarto de siglo). Creo que aquí la institución podría haber funcionado de forma satisfactoria, de haber existido voluntad política al respecto. Como cualquier otra institución, necesitaba un sustento de lealtad constitucional, de los partidos en particular, que es algo que aquí ha faltado, como falta, escandalosamente. De hecho, desde la primera ley, de 1980, pasando enseguida por la fatal de 1985 y hasta llegar a la demoledora de 2013, todas las intervenciones sobre el Consejo han sido esencialmente oportunistas y pensadas, no desde el punto de vista de las necesidades de la jurisdicción, sino para intervenirla políticamente. A la vista de la alta tasa de desviaciones criminales de fuentes institucionales y para-institucionales producidas en las últimas décadas, se entiende mejor la falta de interés por una justicia independiente eficaz y dotada de un eficiente órgano de garantía. En cuanto a propuestas, cualquier que pudiera hacerse en un contexto político como el existente en torno al Consejo estará destinada al fracaso. En este momento veo difícil una posible rehabilitación porque el clima político no puede ser menos propicio y por la degradación ético-cultural generada en su entorno en todos estos lustros. Sobre las iniciativas de reforma, la de la modificación del quorum de 3/5 era constitucionalmente inviable. La del recorte de competencias de un Consejo en funciones, debido a la razón por la que lo está, tenía, creo, un fundamento razonable. Porque lo ocurrido en esos más de dos años es que un partido, el PP, con su obstruccionismo debido a motivos de la peor política, ha mantenido a la institución, por una vía de puro hecho, en una situación al margen de la ley y de la Constitución. Con la colaboración, por cierto, de sus integrantes.

Hablemos de más posibles reformas: sobre el criterio de acceso a la carrera judicial (del sistema de habilitación a la función jurisdiccional) se ha debatido mucho y, de las distintas propuestas, ha tenido mucho éxito la del “MIR jurídico” (que sería igual al modelo de evaluación para acceder a la formación de especialistas médicos en España). ¿Qué opinas de ese modelo?

Primero diré que el vigente sistema de oposiciones es un horror. Una recomendación de preparador de opositores al joven licenciado que empieza es: “Ahora a estudiar, que de pensar ya tendrás tiempo”. Y así es, en efecto, porque este tendrá que abrir un paréntesis de suspensión de sus inquietudes culturales e incluso de parte de sus facultades intelectuales durante cuatro o cinco años, para empezar a pensar de nuevo luego, es decir, cuando haya perdido el hábito de hacerlo y después de haber asimilado mecánicamente unas nociones jurídicas esterilizadas y desproblematizadas, poco idóneas para ejercer una profesión que hoy es enormemente compleja y que afecta a intereses personales muy sensibles. Cierto que antes habrá existido un periodo de Escuela Judicial, pero que llega cuando el mal está ya hecho. En cuanto a la propuesta de ese “MIR jurídico”, no me gusta, pues podría traducirse fácilmente en un régimen de prácticas a palo seco en los órganos judiciales. Yo creo que una función como esta exige un periodo de intensa formación de un cierto número de años en un centro ad hoc. Formación, obviamente, técnica de gran rigor, pero también cultural (y subrayo lo de cultural), bajo la dirección de un profesorado competente y multidisciplinar, donde el estudio y la preparación práctica se combinen con la puesta en común y el debate sobre todo lo que merezca ser debatido. En ese centro tendría que ingresarse por un procedimiento de examen razonable, obviamente, el idóneo para acreditar que el candidato está en posesión de las facultades intelectuales requeridas por la índole de la función.

Entrevisté aquí, en Periferias, al magistrado Miguel Pasquau. El tema tratado fue la crisis de confianza en la Justicia. Y, al igual que le pregunté a él, te quería preguntar: ¿está preparada la Administración de Justicia para dar respuestas eficientes a los conflictos a los que se la someten?, ¿por qué?

Diría que no, o, para no ser demasiado pesimista, que, si acaso, mal que bien. Porque la formación inicial para el rol es profundamente inadecuada, como he dicho; el aparato burocrático está aquejado de incontables disfunciones y carencias, y la carga de trabajo puede ser brutal. Y porque el Consejo General del Poder Judicial no está, precisamente, en su papel de ejemplar promotor de los valores constitucionales de la jurisdicción. El milagro es que, en semejante contexto, puede haber, como hay, profesionales excelentes.

Imagina que eres juez todavía y que, tras una serie de reformas legislativas, entra en vigor una reforma del CP absolutamente contraria a derechos humanos básicos. Al año te toca juzgar un caso en el que son de aplicación (clara) esos nuevos tipos penales. ¿Qué harías? A pesar de entenderlos reprobables ¿los aplicarías?

Creo que no llegaría a verme en esa situación, porque la vigencia de un CP de esa índole implicaría un marco constitucional a tono con esos contravalores, y su entrada en vigor habría estado precedida o acompañada de una drástica depuración de los profesionales inidóneos. De otro modo, es decir, de darse ese CP en un contexto constitucional como, por ejemplo, el vigente, el hipotético juez tendría un amplio margen de actuación para adecuar sus prácticas a su conciencia. Claro que no sin costes.

¿Qué cualidades necesita un buen juez para ser considerado como tal?

Sirviéndome de la idea muy bien expresada por un gran magistrado italiano, Giuseppe Borrè, buen amigo, fallecido hace ya años, lo específico del juez es “obedecer la ley y desobedecer a todo aquello que no es la ley”, en particular, decía, al “pasoliniano palazzo”. Pues bien, esto remite a la exigencia de una buena cultura de sustento, fuertemente anclada en los principios de referencia. Porque la independencia no vive del aire, y menos “de cualquier aire”. La calidad de la justicia administrada por un juez depende de lo que sabe y de cómo lo sabe. Y de su ethos, de los valores profesados y vividos. Lo ideal, dicho de forma muy sintética, es que el juez sea un hombre culto, de una cultura abierta, plural, no solo jurídica; identificado con el sentido constitucional de la función, que sepa escuchar; que tenga capacidad de decisión; que esté dispuesto a frustrar las expectativas del “pasoliniano palazzo” de Borrè. Y muy importante, sobre todo si en su contexto profesional rige una política de nombramientos como la endémica de nuestro Consejo:  deberá carecer de aspiraciones de carrera.

¿Qué opinas de que se elimine la figura del juez instructor en las causas penales y que se deposite la responsabilidad de la investigación en la fiscalía?

El juez de instrucción napoleónico encarna un modelo cuestionable en distintos aspectos, por tanto, creo que no se puede optar por él sin más. Pero hay algo de lo que no tengo la menor duda: la de instrucción es una función, no de enjuiciamiento en sentido estricto, pero sí jurisdiccional. Por eso, para ejercerla de forma constitucionalmente homologable, es preciso gozar de un estatuto de esa misma naturaleza. Se trata, a mi juicio, de un requisito sine qua non. Y no hay que caer en la falacia de que la instrucción a cargo del fiscal responde a una exigencia del principio acusatorio. Un proceso acusatorio y contradictorio se monta sobre tres patas, que son tres momentos de garantía, con una dimensión, a la vez, epistémica: un juez independiente e imparcial; la iniciativa en la persecución y la carga de la prueba (actividades parciales) a cargo de otro sujeto; y un derecho de defensa eficaz. Es lo demandado por la dialéctica del contradictorio. Donde el juez es una figura integrada o dividida entre dos actores diferentes, igualmente imparciales: el investigador y el juzgador. Con la particularidad de que el investigador, como he dicho, en sentido propio, no enjuicia, pero lo que es juzgar, vaya si juzga; y sucederá fácilmente que no pocas de sus aportaciones acaben en la sentencia. Un fiscal instructor no independiente dota de plena validez al dicho recordado por Radbruch: “El que tiene un acusador por juez, necesita a Dios por abogado”.

Ya que hemos hablado del ministerio público, te quería preguntar sobre las declaraciones del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la fiscalía. “¿La fiscalía de quién depende? Pues ya está”, dijo en una entrevista. A su vez, la antigua ministra de justicia es la actual fiscal general del estado. (Y hay mil ejemplos más). ¿Depende la fiscalía del poder ejecutivo? ¿Qué opinión te merece el sistema tan marcado de dependencia interna que tiene el ministerio fiscal, en el cual “los fiscales están obligados estatutariamente a seguir las órdenes o instrucciones del superior jerárquico”?

Lo del presidente del gobierno y las vicisitudes de la ministra ahora fiscal creo que son un buen indicador de la pobreza de la cultura institucional que reina en esos medios. Pero diré también que dudo de que, desde el primer partido de la oposición, pueda hacérsele a aquel reproche alguno en la materia que no sea oportunista. En nuestro país el ministerio fiscal no es independiente y tampoco lo es cada uno de los fiscales. Creo que el ministerio fiscal debe gozar, como tal, de un estatuto de autonomía, y el fiscal individual, en cuanto agente de la legalidad, de un estatuto adecuado que propicie, en el caso concreto, una relación con esta carente de interferencias indeseables (al fin, siempre políticas). Al mismo tiempo, no se me oculta que el modo de operar del ministerio público ha de estar informado por una cierta unidad de acción, que, creo, exigiría la previsión de momentos organizativos idóneos para la formación colectiva de criterios interpretativos y de actuación. Así las cosas, si se consuma, como parece que podría ocurrir a medio plazo, el traslado de la instrucción al fiscal, deberían producirse cambios estatutarios no banales. Diría que también, idealmente, otros de sensibilidad y de cultura, porque la que ha propiciado una estructura organizativa jerarquizada e indeseablemente burocratizada como la vigente, tiene bien poco que ver con la que necesita un valedor independiente de la legalidad, en el ejercicio de un cometido estrictamente funcional al propio de la jurisdicción.

¿Qué opinas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Crees que cabe (o debe caber) esa responsabilidad penal?

Es un asunto complejo, del que no me he ocupado especialmente. Además, por el momento de su entrada en nuestra legislación, tampoco llegué a tener experiencia práctica al respecto. Pero diré que, en la medida en que las personas jurídicas son sujetos idóneos, o incluso ad hoc para despersonalizar las responsabilidades y que facilitan formas de dispersión y deslocalización de estas utilizadas, además, con harta frecuencia, para delinquir, no tengo duda: es un tipo de responsabilidad a cuya exigencia el sistema penal no puede renunciar.

Ciñéndonos a lo jurídico: ¿qué opinión te merece la sentencia, de tus antiguos colegas, conocida como la sentencia del Procés?

Seguí, con enorme preocupación todo lo sucedido y, más o menos, el curso de la causa y del juicio, y leí, pero, sinceramente, no he estudiado, la sentencia. Ahora bien, no eludiré la pregunta y diré que, al margen de las alternativas técnicas en lo relativo a la calificación de las conductas, lo sucedido en Cataluña, en aquellas fechas lamentables, es que unos sujetos públicos recibieron un aparato de poder y lo lanzaron contra el marco constitucional e institucional del que provenía su legitimidad. En el Diccionario de política de Bobbio-Matteucci-Pasquino se recoge una definición de “golpe de estado” tomada del clásico Larousse: “violación deliberada de las formas constitucionales por un gobierno, una asamblea o un grupo de personas que ejercen autoridad”. Pues eso. Ya sé que se ha hablado de confrontación de legitimidades y que, en medios de cierta izquierda, hay tendencia a comprender lo sucedido, en nombre de no sé qué valores. Incluso en la asociación judicial a la que pertenezco, hubo una ruptura por parte de colegas que participaban de ese insólito criterio. En tales contextos, se ha apelado a la democracia, a cierto mandato popular informal captado por los augures, como modo de dotar de legitimidad a la intentona. La invocada de forma tan gratuita me parece una pintoresca democracia desmelenada, al margen de las reglas, sin cabida en marco constitucional alguno. Esto por no hablar del grado de irresponsabilidad y de inepcia de los aprendices de brujo que han sometido a Cataluña y al resto de España a una tensión como la vivida y que se sigue viviendo. Además, para el colmo, en nombre de un pueblo inexistente como tal y bajo la inspiración de un volkgeist que trae los peores recuerdos.

Hace poco escribiste un artículo fantástico en la revista Jueces para la Democracia. Información y debate, donde argumentabas –entre otras cosas- sobre la doctrina y la jurisprudencia, o la doctrina en la jurisprudencia. Y en un prólogo que escribiste del libro Sin legalidad no hay libertad, de Piero Calamandrei, aparece una cita del autor que dice así: “el derecho, tal y como fatigosamente se aplica en la conflictiva realidad social, es una cosa del todo diversa de esas ingeniosas alquimias conceptuales que la doctrina con obstinada paciencia sigue manipulando en el silencio de sus laboratorios cerrados a la luz del sol”. Y aquí te pregunto sobre esa relación entre jurisdicción y doctrina: ¿cómo crees que debe ser dicha relación?

Diría que es necesario que sea una buena relación, habitual y fluida, porque tampoco en materia de cultura jurídica el juez vive del aire. Entiendo que el papel de la doctrina, sin duda, fundamental, se cifra en proporcionar a los jueces elementos y estímulo para una reflexión permanente, que deberá reflejarse en las resoluciones, no de forma mecánica por el socorrido procedimiento de “cortar y pegar” propio de una ridícula erudición ad pompam y de disco duro, sino a través de un regular proceso formativo de automaduración. Además, idealmente, tendría que ser una relación interactiva, de doble sentido, pues una buena práctica jurisdiccional ofrecerá, a su vez, elementos de reflexión y estímulos dignos de consideración por parte de la doctrina.

Escribiste que “las actitudes, el universo cultural de referencias, la filiación ideológica del concreto jurisdicente cuentan, no son indiferentes”. Sin duda, lo comparto. Ahora bien, también creo que el juez es, ante todo, ciudadano, y que, por lo tanto, puede opinar en público lo que quiera, afiliarse a cualquier partido político, ideología, etc. ¿O no? ¿Impedirlo, y, si llegara el caso, sancionar, no sería una forma de mitigar su necesaria independencia? Te pregunto, sobre todo, a raíz de la polémica surgida tras las declaraciones del presidente del TSJ de Castilla y León – respecto a las cuales el profesor Javier de Lucas exigió responsabilidades-, y sabiendo que escribiste un catálogo deontológico del juez.  Y, teniendo en cuenta lo anterior, una pregunta más: ¿se puede ser un ciudadano –llamémoslo así – enemigo del Estado de Derecho (de la legalidad/sistema vigente) y a la vez un buen juez?

La respuesta a esta pregunta solo puede ser no. Creo, y lo he practicado durante más de 30 años en El País y en otros medios, que un juez puede, incluso diría, en algunas materias, tal vez, hasta deba contribuir a crear opinión. El problema está en saber elegir el qué y, muy en particular, el cómo, que ha de estar presidido por la discreción y la prudencia. Por ejercer jurisdicción no se deja de estar situado político-culturalmente, pero otra cosa es intervenir de algún modo en la política activa. En esto tengo las cosas claras: un juez puede implicarse en ella, pero, de hacerlo, debería ser sin retorno. Por eso, la generosidad con la que en nuestra legislación actual se trata la situación de “servicios especiales” —un remedo de la “excedencia especial” de triste memoria— en el caso de jueces y fiscales plantea un verdadero problema. El mundo de la política es, en el mejor de los casos, el de las legítimas parcialidades, en el peor, que, lamentablemente es hoy el habitual, el reino de la partitocracia, del que no puede salir nada bueno en dirección a la jurisdicción. El caso del presidente del TSJ de Castilla-León, todo un habitual de ese tipo de extralimitaciones, es rigurosamente intolerable. En realidad, es un actor político, iba a decir encubierto, pero ni siquiera. Y de una política odiosa que no tiene nada que ver con la polis, ni con lo ética y culturalmente admisible en un juez. Por eso creo que la iniciativa de Javier de Lucas es del todo correcta. Y que el Consejo nunca debería haber mirado para otro lado, como lleva años haciéndolo con este personaje.

¿Cómo debe ser una buena sentencia? ¿Y cuál la actitud de un juez en el proceso, tanto en instrucción como en fase de enjuiciamiento?

Idealmente, una buena sentencia tendría que ser un ejercicio de claridad. Para ello, debería comenzar por la utilización de un lenguaje eficazmente descriptivo en la exposición de los hechos (esta, bien ordenada y sistemática). Ajeno pues a los frecuentes usos jergales, torturadores del idioma y del lector, pródigos en la acumulación de gerundios y en esos encadenamientos de oraciones subordinadas, en los que a veces acaba perdiéndose el sujeto (que es como decir el redactor). En este punto creo que Azorín podría ser un buen modelo de referencia. Por otra parte, es imprescindible que el principio de contradicción entre en la sentencia, de modo que, con su lectura pueda obtenerse un buen conocimiento de los términos procesales de la controversia. Por eso me parece necesaria la existencia de un campo en el que la formación del cuadro probatorio quede expuesta de forma sintética e intelectualmente honesta. A partir de aquí, deberá explicarse el tratamiento dado a los elementos de prueba, algo necesario para el (auto)control del discurso al respecto, para hacer que este se mantenga dentro de lo motivable y que resulte inteligible por transparente. En lo que se refiere a la quaestio iuris, se impone un abordaje ágil, reservando el mayor esfuerzo justificador para las cuestiones problemáticas que efectivamente lo demanden. Y evitando así ese horrible defecto de la acumulación de citas de una jurisprudencia mostrenca que, con tanta frecuencia, no viene a cuento, porque no lo reclama el guión.

¿Por qué esa querencia de Perfecto Andrés Ibáñez a Italia y sus autores?

Muy sencillo, porque es el país con la más rica cultura jurídica democrática y la mejor cultura de la jurisdicción. Hay un hilo conductor que viene de Beccaria, pasa por otros autores ilustrados como Muratori y Filangieri, sigue con los grandes juristas liberales del porte de Carmignani, Carrara, Mortara, más tarde, con el Calamandrei liberal-socialista… a los que se debe una riquísima reflexión en materia procesal y no solo, para llegar al espléndido debate de la Asamblea Constituyente en materia de justicia, que dio a luz el texto fundamental de 1948, con aportaciones absolutamente fundamentales al respecto. Seguiría la experiencia asociativa judicial, riquísima, de la que, en 1965, frente a la alta magistratura (transfascista) empeñada en sabotear la Constitución, surgió un fuerte compromiso, activo y prácticamente unitario con esta, de la magistratura de base para, con rigor kelseniano, a partir de ella como primera fuente, hacer la imprescindible relectura del resto del ordenamiento. Personalmente, he mantenido durante más de 30 años una estrecha relación con Magistratura Democratica, movimiento al que se debe un esfuerzo cultural innovador sin parangón, a través de sus congresos, de dos grandes revistas, Quale giustizia y Questione giustizia y de múltiples publicaciones y seminarios. Y que ha sido capaz de incorporar a su reflexión crítica de una manera regular a juristas de tanto calado como, entre otros, Alessandro Pizzorusso y Stefano Rodotá. Y, sobre todo, a Luigi Ferrajoli, cuya obra, a mi juicio representa un antes y un después en todo lo que ha tocado. Y esto, no solo en el plano teórico, sino también por la calidad del compromiso civil del autor. En otro marco, pero igualmente importante para mí, ha sido la relación con otro jurista irrepetible, Michele Taruffo, de cuyo magisterio y amistad he podido beneficiarme durante muchos años.

¿Qué tres (o uno, o cinco) libros consideras imprescindibles para que cualquier opositor, o ya juez, se convierta en un buen o mejor juez (o fiscal)?

Por hablar solo de clásicos (dos de ellos contemporáneos), mi sugerencia es:

  • Gustav Radbruch, Introducción a la ciencia del derecho, reeditado recientemente por Olejnik (Buenos Aires).
  • Piero Calamandrei, Proceso y democracia, asimismo reeditado por Olejnik.
  • Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta (Madrid). Para quien, por su tamaño, no estuviera dispuesto a medirse con este imponente volumen, resultará más accesible El paradigma garantista, de la misma editorial.
  • Michele Taruffo, La prueba de los hechos, igualmente publicado por Trotta.

Y, para terminar: ¿qué es Jueces y Juezas para la Democracia para Perfecto Andrés Ibáñez?

Esencialmente, un buen espacio de reflexión permanente y elaboración cultural, a muchas voces, sobre los problemas de la jurisdicción y del juez, desde una perspectiva culturalmente abierta y no estrechamente corporativa. Y un lugar de encuentro con buenos profesionales de la administración de justicia, que me ha permitido vivir una experiencia sumamente enriquecedora, también en lo personal.

Y hasta aquí la entrevista.

Muchas gracias a todos por leer; y, sobre todo, a ti, Perfecto, por tu enorme amabilidad.

¡Hasta la próxima!

Esta entrevista ha sido realizada por Juan García Herrera

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